Se encuentra España inmersa desde hace dos semanas en una profunda crisis institucional a raíz de una reforma que, el Gobierno y sus socios, quieren llevar a término para forzar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar ya a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. La pretensión es en última instancia controlar lo más directamente posible a este tribunal mediante una añagaza legal consistente en dos pasos. El primero enmendar la ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, para que los magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde al Consejo General del Poder Judicial se haga por mayoría simple (y no cualificada como sucede ahora), pero, además, añadiendo una cláusula extra, la de que cada vocal sólo podrá proponer (es decir, votar) a un máximo de un candidato. El segundo modificar la ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, añadiendo que, si transcurridos nueve años y tres meses del nombramiento de los magistrados nombrados a propuesta del Gobierno o del CGPJ, «uno de estos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá la renovación de los dos magistrados o magistradas por el órgano que ha cumplido a tiempo su deber constitucional». Junto a esto suprimen la capacidad del Constitucional para verificar los nombramientos de los magistrados, con lo que, una vez nombrados, su incorporación al Tribunal de Garantías sería automática. Con esto lo que busca el Gobierno es complacer a sus socios independentistas de ERC y Bildu, a quienes necesita para seguir en el Gobierno el año que le queda y a quienes seguirá necesitando si, tras las próximas elecciones, se ve en posición de gobernar porque el bloque de centro-derecha no ha conseguido la mayoría absoluta. Controlar el Constitucional le permitirá, por ejemplo, blindar cambios legales como los que acaba de hacer respecto a los delitos de sedición y malversación. El primero lo ha eliminado, el segundo ha modificado al gusto de Esquerra Republicana, cuyos líderes fueron condenados por malversación tras los hechos del 1 de octubre de 2017. Es previsible que las dos modificaciones sean recurridas ante el Tribunal Constitucional por lo que precisa de una mayoría afín entre los jueces de este órgano. Por otro lado, es previsible también que sus socios le reclamen a no mucho tardar que se convoque un referéndum de autodeterminación en Cataluña, algo que está prohibido por la Constitución ya que atenta contra el artículo 2, el que fundamenta la propia Constitución sobre la indisolubilidad de la nación española. El Gobierno ha dejado entrever que se trataría de una simple consulta, es decir, un referéndum consultivo que contempla la Constitución para “materias de especial trascendencia para todos los ciudadanos”. Algo como un referéndum de autodeterminación sería sin duda una materia de especial trascendencia, pero en el pasado el Constitucional dejó claro que no se pueden celebrar referéndums consultivos en los que una de las respuestas vaya contra la Constitución. Con un Tribunal Constitucional afín a sus intereses los jueces podrían cambiar de opinión y validar la consulta de la que hablan en el entorno del Gobierno. Eso permitiría a Sánchez satisfacer una vez más las demandas de sus socios independentistas y adquirir así más tiempo en Moncloa, que es de lo que trata. Pero el Constitucional no ha pasado por el aro. Esta misma semana decidió suspender de forma cautelar la tramitación de las modificaciones legales en las Cortes. El tribunal decidió por seis votos a favor y cinco en contra que la suspensión cautelar debía estimarse al ser una cuestión que afecta no solo a la Ley Orgánica del TC, sino también a la propia Constitución, y atendiendo a la doctrina que emana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se establece que el amparo debe ser efectivo y no meramente declarativo. Entretanto la batalla política se ha recrudecido. El Gobierno y sus socios han cargado furiosamente contra los jueces acusándoles en algunos casos de dar un golpe de Estado. La Comisión Europea, por su parte, ha avalado la actuación del Tribunal Constitucional, recordando al Gobierno que debe respetar al tribunal y cumplir las normas. Aprovechó también para enviar a Sánchez el mensaje de que las reformas judiciales requieren consultarse con todas las partes implicadas. No cabe, por tanto, modificar las reglas con cambios unilaterales y realizados a toda prisa. El asunto, como vemos, ha ido muy lejos colocando al Gobierno en la picota una vez más. Por de pronto ha huido hacia delante. El PSOE prepara una proposición de ley de urgencia en la que incorporará las dos enmiendas suspendidas por el Constitucional. Pues bien, para analizar esto con más calma y de la forma más precisa posible nos acompaña hoy en La ContraCrónica Guadalupe Sánchez, que ya ha pasado por el programa en otras ocasiones. Guadalupe es abogada, gerente del bufete Novalex, columnista en The Objective y toda una experta en el derecho de autor. · Canal de Telegram: https://t.me/lacontracronica · “La ContraHistoria de España. 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