El 1 de octubre, es decir, dentro de menos de un mes Claudia Sheinbaum tomará posesión como presidenta de México tras haber ganado las elecciones celebradas el pasado mes de junio. Pero antes de eso el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, quiere que se apruebe una polémica reforma judicial que sería algo así como la guinda final a su sexenio. Puede hacerlo en tanto que su partido, Morena, se hizo con el control de las dos cámaras en las elecciones. Pero no todos los mexicanos son de la misma opinión ya que la reforma es muy ambiciosa y compromete seriamente la independencia de los jueces que podrían quedar a merced del crimen organizado, del partido mayoritario o, directamente, del presidente en ejercicio. El proyecto de reforma judicial forma parte de una serie de cambios constitucionales que López Obrador quiere aprobar este mismo mes de septiembre con la idea de apuntalar su legado. Asegura que son medidas para mejorar la democracia, luchar contra la corrupción y eliminar los intereses creados en los tribunales y en las agencias reguladoras que, hasta el momento, actúan de forma independiente y autónoma. Estos mismos tribunales y agencias han sido un obstáculo para que desplegase buena parte de su programa político durante su mandato. El plan de reformar el sistema de elección de jueces se ha encontrado con gran oposición y ha ocasionado una fuerte controversia. Según la propuesta del presidente, los más de 1.700 jueces y magistrados federales de México, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo, tendrían que ser elegidos en unas elecciones como si se tratase de diputados o concejales. La inminente aprobación de la reforma ha paralizado el sistema judicial del país, ya que los jueces y miles de trabajadores judiciales se han declarado en huelga y sólo están trabajando en casos urgentes. El peso se ha debilitado frente al dólar (ha perdido el 14% de su valor) y los inversores internacionales, especialmente los de EEUU y Canadá han advertido de los riesgos de esa reforma. Hasta el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuyas relaciones con el Gobierno de López Obrador han hasta ahora sido muy buenas, ha declarado que "la elección directa y popular de jueces es un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia en México […] Las elecciones directas también facilitarían que los cárteles y otros actores maliciosos se aprovechen de jueces políticamente motivados e inexpertos”. Como era de prever, las palabras del embajador provocaron las críticas de López Obrador y de su sucesora, Claudia Sheinbaum. El Gobierno envió a la embajada de Estados Unidos una nota diplomática en la que calificaba la declaración de Salazar como una interferencia inaceptable en los asuntos internos del país.  Pero dentro de México la oposición a esta reforma también es muy fuerte. Es cierto que en México hay un descontento generalizado con el poder judicial. La justicia es lenta y los delitos a menudo no se denuncian ni se castigan. La reforma de AMLO pretende solucionar eso mismo, pero los críticos arguyen que los problemas de la Justicia mexicana están más en los fiscales y en la policía que en los jueces. La reforma no afecta ni a unos ni a otros. Por de pronto el debate para aprobar la reforma judicial no se está celebrando en el edificio del parlamento ya que su acceso se encuentra bloqueado por los manifestantes, sino en un polideportivo al que los opositores se negaron a acudir. La reforma se aprobará porque Morena tiene mayoría de sobra, pero sin consenso alguno y forzando al máximo las costuras del sistema. En La ContraRéplica: 0:00 Introducción 4:05 Últimas voluntades de AMLO 27:39 El desorden ferroviario 37:26 El dilema de Netanyahu 41:10 La masculinidad · Canal de Telegram: https://t.me/lacontracronica · “Contra la Revolución Francesa”… https://amzn.to/4aF0LpZ · “Hispanos. Breve historia de los pueblos de habla hispana”… https://amzn.to/428js1G · “La ContraHistoria de España. 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