El gobierno estadounidense deportó este sábado a cientos de inmigrantes hispanoamericanos desafiando una orden judicial que prohíbe las deportaciones durante 14 días. Si bien en la Casa Blanca niegan haber violado la decisión judicial, varios grupos de derechos humanos se preparan para una batalla legal que podría complicar el último intento del presidente por acumular poder ejecutivo. Para realizar esta deportación a sabiendas de que un juez podía suspender las deportaciones exprés Trump echó mano de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798, que otorga al presidente poderes extraordinarios en tiempos de guerra para detener y expulsar a extranjeros. Esta ley sólo se ha utilizado otras tres veces en toda la historia del país: en la guerra de 1812 contra los británicos y en las dos guerras mundiales. Pero hoy Estados Unidos no está formalmente en guerra. Eso para el equipo legal de Trump no ha sido inconveniente ya que, según ellos, invocar la ley de 1798 está justificado en tanto que consideran que la banda venezolana del Tren de Aragua está invadiendo el territorio de Estados Unidos. Eso para Trump es equivalente a una guerra, razón por la cual ordenó a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que detengan y expulsen a todo inmigrante venezolano mayor de 14 años que forme parte del Tren de Aragua y no sea residente permanente ni ciudadano estadounidense. Ese mismo día el juez federal del distrito de Columbia, James Boasberg, emitió una orden que prohibía durante dos semanas los vuelos de deportación. Lo hizo a petición de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles y la asociación Democracy Forward, en la que sostenían que esta medida permitiría a Trump expulsar a cualquier hispanoamericano que resida ilegalmente en Estados Unidos. Pero dos aviones con inmigrantes ya volaban en esos momentos hacia El Salvador cuando Boasberg tomó su decisión. No se arredró y emitió una orden verbal para que regresaran de inmediato. Pero los aviones no lo hicieron y tomaron tierra en su destino. El Departamento de Justicia, entretanto, recurrió la orden de Boasberg y desde la Casa Blanca se han ofrecido justificaciones de todo tipo para explicar por qué no se acató la orden del juez. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue tajante al respecto. Compareció por televisión el lunes y trasladó a la opinión pública que “un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta a terroristas extranjeros que han sido expulsados físicamente de suelo estadounidense”. Eso, según ella, no era lo mismo que negarse a cumplir con una orden judicial. En El Salvador su presidente Nayib Bukele aceptó de buen grado a los deportados, pero no lo ha hecho gratis. Hace dos meses acordó aceptar a unos 300 inmigrantes durante un año a cambio de 6 millones de dólares. El domingo las autoridades salvadoreñas informaron que 238 miembros del Tren de Aragua y 23 de la Mara Salvatrucha, una pandilla salvadoreña, habían llegado y estaban siendo trasladados al CECOT, la macro prisión que Bukele mandó construir en 2022 para encerrar a los pandilleros. Por ahora el Gobierno estadounidense no ha facilitado la lista de los deportados ni ha aportado prueba alguna de que se tratase de pandilleros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito dentro del país. Se espera que Boasberg continúe con el caso, lo que preludia un choque seguro entre el poder judicial y el ejecutivo. En La ContraRéplica: 0:00 Introducción 3:54 Deportaciones contra la ley 30:07 El huracán Trump 37:00 Campo de exterminio en Jalisco 46:14 Aborto - Documental "México: desaparecidos por el narcotráfico | ARTE.tv - https://www.youtube.com/watch?v=O6FYHbPl3is · Canal de Telegram: https://t.me/lacontracronica · “Contra la Revolución Francesa”… https://amzn.to/4aF0LpZ · “Hispanos. Breve historia de los pueblos de habla hispana”… https://amzn.to/428js1G · “La ContraHistoria de España. 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