La semana pasada la audiencia territorial de Schleswig-Holstein puso en libertad condicional a Carles Puigdemont, detenido dos semanas antes tras ingresar en el país proveniente de Dinamarca. Aparte de la libertad se negó a extraditarle por el delito de rebelión que del que le acusa el Tribunal Supremo español. Conocida la noticia se produjo un tsunami de reacciones en España. Desde las alborozadas de los nacionalistas catalanes, hasta las más ofuscadas por parte de algunos comentaristas, casi como si fuese una causa de honor. Se ha dicho de todo y muy poco bueno sobre la decisión de este tribunal alemán. Supone, de entrada, un varapalo en la estrategia que seguía el juez Llarena, que busca juzgar a Puigdemont por rebelión, con otros delitos como el de malversación como simples acompañantes. Pero, sobre todo, es un estacazo a la forma en que el Gobierno Rajoy está gestionando esta crisis. Y si lo primero es un asunto judicial, lo segundo es político, muy político. Más en diazvillanueva.com