Las modernas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana y suponen una oportunidad para incrementar la eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas. La Inteligencia Artificial se abre paso en la Justicia y aunque ésta no es ni debe convertirse en un mero un modelo matemático, el empleo de algoritmos para fines concretos puede resultar de gran utilidad. Según Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, los procedimientos que podrían agilizarse con Inteligencia Artificial son aquellos en los que intervienen gran multitud de datos, como cláusulas suelo, reclamaciones por vuelos cancelados, accidentes de tráfico o pensiones alimenticias en casos de divorcio.
El retraso de la justicia en la implementación de la inteligencia artificial se debe a lo delicado de poner en manos de algoritmos una materia tan sensible. El caso que reveló de manera más clara los riesgos fue el programa Compas, empleado en EE UU para calcular las posibilidades de reincidencia de un acusado. En 2018, una investigación reveló graves carencias y sesgos en el algoritmo. Fernando Suárez recuerda que la Unión Europea ha propuesto un marco jurídico para velar por una inteligencia artificial confiable en el que todas las acciones deben estar regidas por el compromiso ético.